Cada 8 de marzo celebramos la fuerza de los movimientos de mujeres que, en todos los rincones del mundo, sostienen luchas por la igualdad, la justicia, los derechos y la dignidad. Pero más allá de los discursos y las conmemoraciones, hay una pregunta política fundamental que sigue atravesando estas luchas: ¿quién financia el cambio social, cómo y bajo qué condiciones se distribuyen esos recursos?
Porque la igualdad también se construye —o se obstaculiza— en el terreno del dinero.
Las organizaciones y movimientos de mujeres han sido históricamente motores fundamentales de transformación social. Han impulsado avances en derechos reproductivos, enfrentado la violencia de género, han defendido territorios y bienes comunes, acompañado a comunidades en situaciones de crisis y han construido redes de cuidado y solidaridad allí donde los Estados y los mercados fallaban.
Sin embargo, quienes sostienen estas luchas suelen hacerlo en condiciones de enorme precariedad financiera.
Durante décadas, el financiamiento internacional para la igualdad de género ha sido insuficiente, fragmentado y muchas veces condicionado por agendas externas. Los recursos destinados directamente a organizaciones feministas y de mujeres siguen siendo mínimos en comparación con el volumen total de la cooperación internacional. Y dentro de esos ya escasos fondos, las organizaciones del Sur Global —especialmente las lideradas por mujeres indígenas, afrodescendientes o de territorios rurales— enfrentan aún más barreras para acceder a ellos.
Esta realidad no es accidental. Es el resultado de estructuras de poder profundamente desiguales, atravesadas por relaciones coloniales, raciales y de género que también operan en el campo del financiamiento.
Por eso, hablar de financiamiento feminista no es solo hablar de dinero. Es hablar de redistribución de poder.
Un financiamiento verdaderamente feminista implica reconocer que las organizaciones y movimientos que están en la primera línea de las luchas por la igualdad no son simplemente “implementadoras de proyectos”. Son actores políticos fundamentales, productores de conocimiento, de estrategias de cambio y de alternativas para construir sociedades más justas.
Implica también transformar las formas en que se asignan y gestionan los recursos:
más financiamiento directo a organizaciones de base, fondos flexibles y de largo plazo, confianza en el liderazgo de quienes trabajan en los territorios y procesos que reduzcan las barreras burocráticas que muchas veces excluyen a quienes más necesitan acceder a esos recursos.
Pero, sobre todo, implica algo más profundo: reconocer el valor del trabajo político y comunitario que sostienen millones de mujeres en todo el mundo.
Las defensoras de derechos humanos, las lideresas comunitarias, las activistas feministas, las mujeres que organizan redes de apoyo y cuidado, que denuncian injusticias y que imaginan futuros distintos, no deberían tener que sostener esas luchas desde la precariedad o el sacrificio personal permanente.
Su trabajo no solo merece reconocimiento simbólico. Merece recursos, apoyo y sostenibilidad.
En VOZES creemos que el financiamiento es una herramienta estratégica para transformar estructuras de desigualdad. Por eso trabajamos para fortalecer el acceso a recursos de organizaciones y movimientos que impulsan agendas feministas, de justicia social y de derechos humanos, y para promover formas de financiamiento más justas, transparentes y transformadoras.
Porque cuando el dinero se distribuye de otra manera, también se redistribuyen las posibilidades de construir el mundo que queremos.
En este 8 de marzo, celebramos las luchas que las mujeres han sostenido a lo largo de generaciones. Pero también reafirmamos una convicción política: no hay igualdad sin recursos.
Financiar a los movimientos feministas no es caridad. Es una condición necesaria para la justicia.