Una colectiva de mujeres jóvenes hace, a escondidas, talleres de educación sexual en un país donde, apenas reciben un dólar de afuera, la ley las llama «agentes extranjeras». No tienen personería jurídica. Nunca la tendrán si quieren seguir existiendo. Y sin embargo, siguen operando, siguen pagando sueldos, siguen sosteniendo su trabajo, siguen transformando sus comunidades.
¿Cómo? Del otro lado de una frontera, hay otra organización que recibe esos fondos, los resguarda y se los hace llegar. No aparece en los carteles de las marchas. No firma los comunicados. Pero sin ella, no hay talleres, no hay acompañamiento a sobrevivientes, no hay nada.
En VOZES escuchamos muchas historias sobre la figura que en el mundo de la cooperación se nombra con una frialdad que la traiciona: agente fiscal. El término evoca un trámite pero lo que se encuentra es otra cosa.
Una decisión política, no un problema de gestión
Ninguna de las organizaciones apela a un agente fiscal por default. Llega ahí después de decidir, muchas veces, no registrarse legalmente: porque tener personería jurídica en su país significa entregarle al Estado una lista de integrantes, direcciones, planes de trabajo. Muchas veces se prefiere no tener papeles que estar limitadas en el accionar.
Esa decisión —no registrarse, disolver una personería, operar bajo el radar— es un acto de autonomía. Pero deja una pregunta abierta: ¿cómo recibir y ejecutar fondos sin exponerse? Ahí es donde otra organización, más consolidada, presta su estructura legal como escudo. No como favor técnico. Como alianza.
No es solo represión: también es la letra chica
El cierre del espacio cívico es la razón más visible, pero no la única. Existen al menos otros tres escenarios donde la agente fiscal se vuelve indispensable y no todos tienen que ver con un gobierno autoritario tocando la puerta.
Está, primero, la letra chica de las leyes. En varios países de la región existen normativas —muchas veces con el eufemismo de «agentes extranjeros»— que gravan o controlan cualquier fondo externo destinado a actividades consideradas políticas. Cumplir con esos registros, informes y auditorías excede la capacidad de cualquier colectivo pequeño. A eso se suman controles bancarios y cambiarios: en algunos países, hasta un tercio del dinero se pierde en impuestos y comisiones al intentar moverlo al exterior. La solución no es resignarse. Es buscar una aliada en una jurisdicción más favorable.
En segundo lugar, está la rigidez de la propia cooperación internacional, incluso cuando no hay ningún Estado hostil de por medio. Postular a un fondo suele exigir formularios en inglés, estados financieros auditados, políticas de salvaguarda, años de trayectoria institucional. Así es como, por ejemplo, una colectiva que nació hace dos años, con diez integrantes y cero personal administrativo queda automáticamente fuera de la conversación. No porque su trabajo no sea valioso, sino porque no tiene el currículum institucional que el donante pide. En esos contextos, la agente fiscal presta ese currículum. Se presenta ella ante el fondo, y después traspasa el dinero y el protagonismo del proyecto a quien realmente lo ejecuta.
Y está, tercero, algo más simple: la falta de infraestructura contable. Reportes financieros trimestrales, comprobantes originales, cuentas en dólares, facturas formales. Nada de eso existe fácilmente en una comunidad rural donde los refrigerios de un taller los cocina una vecina sin negocio registrado. Una agente fiscal con experiencia sabe traducir esa realidad al lenguaje que el donante necesita —fotos, listas de asistencia firmadas, facturas consolidadas— sin pedirle a la organización de base que se transforme en algo que no es para poder existir.
Estos tres escenarios comparten un aspecto con el del cierre del espacio cívico: en todos, el sistema de financiamiento internacional —tal como está diseñado hoy— deja afuera por defecto a quienes trabajan de manera más horizontal, más comunitaria, más reciente. La agente fiscal no resuelve ese diseño excluyente sino que lo sortea.
Cómo se elige a una aliada: no es una licitación, es confianza
Lo que más sorprende del proceso no es la arquitectura financiera, sino el criterio de selección. Casi ninguna organización elige a su agente fiscal por su solidez contable. La eligen por confianza política. Porque las lideresas conocen los riesgos y el proyecto político o porque prefieren trabajar con quien conocen y comparten su causa.
Del otro lado, las organizaciones que asumen el rol de agente fiscal tampoco lo hacen por cálculo: cuando confían en la organización, cuando esa organización es compañera de lucha, se busca la manera de ayudar. Eso no es tercerización. Es correa de transmisión de un mismo proyecto político entre dos organizaciones.
Cuando la burocracia se vuelve cuidado
En los casos donde este modelo funciona bien, surge algo que sorprende: procesos administrativos que operan como procesos formativos. Contadoras que enseñan, paso a paso, durante años, a llevar libros y armar informes. Alianzas que duran años terminan con la organización socia constituida legalmente por sí misma. Las agentes fiscales muchas veces enseñan y profundizan maneras de hacer inclusive más profesionalizadamente; sin ellas, la burocracia hubiera puesto fin a los proyectos.
Existen agentes fiscales que, en contextos represivos, diseñan, junto a sus socias, mecanismos discretos para financiar temas «demasiado políticos» sin exponerlas. Una mediación que va de lo financiero a lo literalmente vital.
Cuando el dinero llega, algo cambia puertas adentro
Hay un efecto más, que casi nunca se cuenta en los informes de cooperación: lo que pasa dentro de una organización cuando, gracias a este modelo, empieza a manejar fondos que antes le eran inalcanzables. Se logran pagar sueldos a compañeras que durante años han sostenido tareas de gestión de forma gratuita, por pura militancia. Muchas veces el hecho de funcionar con ingresos dignos cuesta aceptarlo por dentro —hay culpa, discusión sobre si cobrar «traiciona» el espíritu del activismo—. Sin embargo, es posible entender que la precariedad no es una condición moral del compromiso político.
Ese es otro punto ciego de mirar a la agente fiscal como un simple trámite: habilita, indirectamente, a escalar de proyectos de unos pocos miles de dólares a otros diez veces más grandes, y con eso, profesionalizar equipos que antes hacían malabares entre el activismo y un trabajo remunerado aparte. No es un dato menor. Es parte de lo que sostiene, en el tiempo, cualquier movimiento.
El mensaje para quien financia
Cuando una cooperante o un fondo habilita esta figura —cuando deja de exigir personería jurídica como condición única, cuando acepta financiar a través de una aliada— no está apoyando a una organización. Está apoyando a dos. Dos organizaciones que se cuidan mutuamente, que aprenden una de la otra, que construyen juntas capacidad instalada donde antes no había ninguna.
Está financiando, literalmente, el doble de movimiento.
Esa es la conclusión a la que se puede llegar: los mecanismos financieros no son neutrales. Pueden reproducir exclusiones —exigiendo estándares administrativos que ninguna organización de base recién nacida puede cumplir— o pueden rediseñarse, con perspectiva feminista y decolonial, para convertirse en herramientas de inclusión y resistencia.
La resiliencia de los movimientos feministas en América Latina no es un dato romántico. Es una respuesta ingeniosa, cotidiana y colectiva ante sistemas que excluyen por diseño. Reconocerla —y financiarla en sus propios términos— es también una decisión política.